Presuntos miembros de cárteles en México usaban el amparo para ganar tiempo | OCCRP

Por Jonny Wrate y Lilia Saúl/ OCCRP

Cuando México envió a 26 presuntos miembros de cárteles de alto perfil a Estados Unidos este mes para enfrentar cargos que incluían narcotráfico y lavado de dinero, no utilizaron los procedimientos normales de extradición. En cambio, los sospechosos fueron expulsados ​​bajo una ley de seguridad nacional.

Las autoridades mexicanas utilizaron este método porque muchos de los sospechosos habían logrado retrasar el procesamiento de sus casos utilizando el mecanismo legal llamado “amparo”. Común en el mundo hispanohablante, el amparo está diseñado para proteger los derechos individuales contra los abusos del Estado. Permite a personas físicas y jurídicas impugnar cualquier ley, acción gubernamental o decisión judicial si consideran que vulnera sus derechos constitucionales.

Sin embargo, expertos afirman que personas acusadas de delitos graves han utilizado amparos para prolongar juicios, retrasar extradiciones y evitar prisiones de alta seguridad.

Para contrarrestar el abuso del amparo en estos casos, y bajo la creciente presión de la administración Trump, el gobierno mexicano recurrió a sus poderes más drásticos en materia de seguridad nacional.

En una conferencia de prensa televisada sobre las expulsiones de este mes, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, lamentó el abuso de los amparos y dijo que la presencia continua de los sospechosos en su país significa que tenían más capacidad para coordinar los crímenes desde la prisión.

“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se preveía que otros […] recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga,” dijo Harfuch. “Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada.”

Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.

Un sistema de justicia ‘roto’

Luis Pérez de Acha, destacado experto en derecho constitucional, dijo a OCCRP que las declaraciones de Harfuch en la conferencia de prensa fueron una admisión de graves problemas en la justicia mexicana, que podrían deberse a la incompetencia o corrupción de fiscales o jueces.

“Las declaraciones del secretario Omar García Harfuch son un reconocimiento expreso de que el sistema de justicia penal en México está quebrado. Podemos estar o no de acuerdo con las explicaciones, pero hay un reconocimiento de fallas estructurales en el sistema de justicia penal mexicano,” dijo Pérez de Acha.

Raúl Tovar, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró a OCCRP que los jueces no basan sus fallos de amparo en las pruebas presentadas por la Fiscalía, sino en los derechos de los ciudadanos. Tovar no comentó sobre la aparente explotación del mecanismo por parte de presuntos miembros de cárteles y otras personas acusadas de delitos graves.

Acceso privilegiado a la justicia

El amparo se introdujo por primera vez en la Constitución de la entonces independiente República de Yucatán en 1841. México adoptó la ley de amparo en 1861, trece años después de la reincorporación de Yucatán a la federación. Durante el siglo y medio siguiente, otros 17 países latinoamericanos siguieron el ejemplo e introdujeron su propia versión de la ley.

En México, los amparos se han utilizado en diversos casos, desde proyectos de construcción ambientalmente destructivos hasta la despenalización del aborto y la reclusión en una prisión específica.

Para ejercer el amparo, el demandante debe presentar una queja ante un juez de distrito o un tribunal de circuito contra la autoridad pública en cuestión. Esta puede ser un funcionario, una institución estatal o ambos. Si el juez admite la queja, ambas partes presentan su caso en una audiencia pública.

Si el juez falla a favor del demandante, puede ordenar la suspensión o revocación de la acción, ley o decisión judicial infractora. El demandante puede apelar una sentencia negativa con un nuevo amparo.

En ocasiones, el amparo se ha utilizado en México con la finalidad prevista: proteger los derechos de las víctimas de errores judiciales. En 2019, se utilizó para lograr la liberación de seis indígenas nahuas tras aproximadamente 15 años de encarcelamiento injusto por conflictos de tierras y agua. Poco menos de una década antes, un amparo condujo a la liberación de tres mujeres otomíes que fueron condenadas injustamente por el secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Pero con demasiada frecuencia, son presuntos delincuentes graves quienes se han beneficiado de los amparos.

Entre los enviados recientemente a Estados Unidos se encontraba Enrique Arballo Talamantes, quien cumplía una condena combinada de 72 años por secuestro y asesinato, y era buscado por Estados Unidos por presunto tráfico de heroína. Talamantes había logrado zanjar su extradición y otros procesos legales al interponer 51 amparos contra una amplia gama de funcionarios e instituciones públicas, incluyendo al presidente, el fiscal general, el secretario de Relaciones Exteriores, jueces, fiscales y tribunales.

Junto a Arballo Talamantes en el avión se encontraba Abigael González Valencia, presunto líder de ‘Los Cuinis’, quien había estado luchando contra la extradición desde su arresto en 2015. Durante ese tiempo, interpuso 62 amparos, además de 12 denuncias legales y dos apelaciones, también contra los directores de las prisiones donde estuvo recluido.

Sus amparos argumentaron que sería inconstitucional extraditarlos por razones como la pena de muerte en Estados Unidos (la ley mexicana prohíbe la extradición en estos casos) y la convención legal de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

Harfuch declaró durante su conferencia de prensa que, además de los 26 hombres enviados a Estados Unidos hace dos semanas, México expulsó en febrero a dos presuntos exmiembros de los Zetas que habían logrado retrasar sus extradiciones 54 y 79 veces. Harfuch afirmó que ambos eran responsables del asesinato de 17 servidores públicos que trabajaban en prisiones federales, donde amenazaban continuamente al personal, aunque los periodistas no pudieron verificar esta afirmación.

Mientras tanto, Florian Tudor, presunto líder de la violenta Banda de la Riviera Maya, desenmascarado en una investigación de OCCRP y socios en 2020, ha retrasado durante años su extradición a su país natal, Rumania, mediante una oleada de más de 130 amparos y 22 denuncias judiciales desde 2019. A principios de este mes, fue trasladado de la prisión de máxima seguridad de México a un centro de rehabilitación social. Un día después de llegar al centro, utilizó un nuevo amparo para acusarlo de tortura y acoso sexual.

Los periodistas enviaron solicitudes de comentarios a los representantes de los hombres expulsados ​​por México, donde se disponía de información de contacto, pero no recibieron respuesta. No fue posible contactar a Florian Tudor para que comentara.

Si bien los amparos son gratuitos, su complejidad técnica implica que generalmente se requieren abogados especializados y costosos para interponerlos con éxito. Organizaciones de la sociedad civil han tenido éxito interponiéndolos para víctimas de injusticia, pero con mayor frecuencia, según el experto en derecho constitucional Pérez de Acha, “solo los que tienen dinero para pagar abogados especializados son los que más se benefician del juicio de amparo.”

Jorge Peniche, abogado asociado de Guernica 37, grupo de rendición de cuentas por los derechos humanos, afirmó que esto ha exacerbado la brecha de impunidad en México, donde los autores de delitos graves quedan impunes, mientras que la gente común sólo puede acceder al amparo en teoría.

“…El amparo es “gratis” entre comillas, pero al final del día hay una perspectiva sesgada, por lo complejo y lo caro que es acceder a la justicia en México” dijo Peniche. “No cualquiera puede hacer uso de él, eso es clarísimo”.