Víctimas denuncian incumplimiento del Estado mexicano a sentencia de la CoIDH sobre Atenco

A tres años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por las violaciones en Atenco, víctimas denunciaron este martes el incumplimiento por parte del Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó en 2018 al Estado mexicano sobre la sentencia en la que lo responsabiliza por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

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Edith Rosales, denunciante de tortura sexual en Atenco, comentó que “el Estado no ha hecho nada, a 3 años ha hecho caso omiso de hacer el cumplimiento de esta sentencia y vemos que no nada más es la nuestra”.

“Vemos que hay una política de no cumplimiento y lo desglosamos de esta forma: ellos como Estado tienen la obligación de juntar a todas las instituciones encargadas del cumplimiento, sea Salud, sea la Fiscalía, para dar pie al cumplimiento de esta sentencia, sin embargo esto no lo han hecho.

“No han ordenado para avanzar y esto ha derivado en una demora de 3 años y lo que venga”, expuso.

Anotó que la Fiscalía General de la República “nos ha estado obstaculizando para avanzar“.

“Yo diría que es una actitud cómplice de no tocar a la Sedena, a los mandos, a la cadena de mando, entonces mientras no haya voluntad de investigar a la Sedena y a esa cadena de mando no vamos a avanzar y nos podemos seguir pasando el tiempo nada más haciendo la simulación”, señaló.

Italia Méndez, otra denunciante de tortura sexual en Atenco, agregó que han tenido muchas dificultades para acceder a las medidas de rehabilitación que tienen que ver con la salud.

“Les podría decir que las medidas de rehabilitación no están cumplidas y eso nos pone en una serie de vulnerabilidad”, sostuvo.

En cuanto a las medidas estructurales, dijo que hay “serios obstáculos desde el ámbito del Ejecutivo federal en el que vemos que no hay ninguna intención de cumplimentar la medida que tiene que ver con el observatorio del uso de la fuerza, que estaba dirigido inicialmente a la Policía Federal y que ahora han transitado hacia la Guardia Nacional”.

“Hay una preocupación real de lo que está ocurriendo con las fuerzas policiacas, militarizadas en el país. No hay ninguna forma de supervisar a pesar de que tenemos estos instrumentos tan importantes como lo mandato la Corte. No solamente es que no aprovechen esta oportunidad sino que la están anulando”, aseveró.

Claudia Hernández, también denunciante de tortura sexual en Atenco, agregó que ningún responsable intelectual u operativo, de los hechos ocurridos Texcoco y San Salvador Atenco, está detenido.

“No vamos a dar ni un paso atrás en exigir el cumplimiento de la sentencia”, añadió.

La Corte IDH ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación: fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y crear un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México.

En Caso Alvarado tampoco han cumplido sentencia 

Sitlaly Alvarado, denunciante de desaparición forzada, expuso el caso de su familia en el que el Estado mexicano tampoco ha cumplido con la totalidad de la sentencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó el 28 de noviembre del 2018 su sentencia en el Caso Alvarado, un caso emblemático de desapariciones forzadas causadas por el contexto de militarización, que ocurrieron en 2009 en el estado de Chihuahua. En una trágica historia, este caso cuenta de varias de las problemáticas más fuertes de derechos humanos que vive el país todavía: las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la impunidad y la militarización.

En marzo de 2008 en el estado de Chihuahua se implementó el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 2,000 integrantes del Ejército mexicano así como elementos de la policía federal. En diciembre 2009, tres miembros de una misma familia, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron detenidos arbitrariamente por militares; no se supo nunca más de su destino o paradero.

“Ya van a ser 12 años de la desaparición de nuestros familiares y aún seguimos sin nada de respuestas”, indicó.

Sitlaly Alvarado señaló que el Estado mexicano sólo cumplió con la publicación de la sentencia, pero a destiempo, y se ha avanzado con las indemnizaciones, pero no se han concretado.

Acusó la “falta de interés real” del gobierno federal: “parece que los militares tienen cada vez más poder y menos rendición de cuentas. Creemos que el presidente (AMLO) tiene una sentencia internacional y ni aún así quiere cumplir con su totalidad, a partir de que el Ejército se niega a participar con el cumplimiento de la sentencia.

Apuntó que no se ha cumplido con la capacitación de las Fuerzas Armadas como lo pidieron, por parte de la Oficina de la ONU.